Los Técnicos Inspectores de Salud Pública se concentraron hoy ante la Consejería de Sanidad en la capital grancanaria dentro de una nueva jornada de protesta más pues como explican desde su comité de huelga se desea "dar a conocer la actual situación laboral en la que se encuentra el colectivo y ante la negativa de la Administración a encontrar una solución".
El colectivo, que se encuentra en huelga desde finales del pasado mes de mayo, recuerda que había desconvocado la jornada de huelga convocada para el pasado 19 de julio "como acto de buena voluntad ante los acuerdos llegados con la Administración de forma verbal", pero ahora sí la han llevado a cabo al entender que han sido engañados.
Blanca Barredo, una de las representantes del comité de huelga, apunta que "la Administración, con el director del SCS y el secretario general del SCS al frente, ha ido ganando tiempo y haciéndonos perder el nuestro. Nos han mentido, nos han engañado y han incumplido los acuerdos alcanzados y que llevaron al comité de huelga a anular el paro del 19 de julio. Engaño llevado al extremo de falta de respeto hacia el colectivo, puesto que para la firma de dicho acuerdo, en el que únicamente se abordó un punto y parte de otro, de los siete que incluyen las reivindicaciones del colectivo, la administración pretendía la desconvocatoria de todas las jornadas de paro previstas durante la huelga notificada, para lo cual y como no podía ser de otro modo, el comité de huelga quiso puntualizar el resto de reivindicaciones, obteniendo por respuesta la negativa unilateral de la Administración, sin negociación alguna y sin posibilidad de réplica por nuestra parte".
A partir de ahí los trabajadores apuntan que intentaron continuar con las negociaciones convocando a la Administración para ratificar los acuerdos alcanzados y retomar la hoja de ruta pactada, "siempre con actitud conciliadora y con la buena fe negociadora que ha mantenido este comité desde el principio, pero la respuesta obtenida con cada intento ha sido el más hiriente de los desprecios que es el silencio, lo cual parece estar de acorde con el más absoluto menosprecio hacia la salud de los canarios de los que hace gala los negociadores de la Administración. No debemos olvidar que durante todo éste tiempo en el que la Administración se niega reiteradamente a poner una solución a la precaria situación laboral en la que los Inspectores de Salud Publica desarrollan su trabajo se siguen produciendo notificaciones de legionela, alertas alimentarias, cierres de piscinas, prohibición de baño en las playas etc… poniendo en riesgo la Salud Pública de todas y todos los canarios", apunta Barredo.
Decreto Ley
"Mientras la Administración se excusa en la situación de crisis sanitaria por la COVID-19 para no atender nuestras demandas, la aprovecha para dar última estocada de muerte al colectivo mediante la publicación del Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre que modifica el artículo 28 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias del año 1994, regulador de la Autoridad Sanitaria. La publicación de este Decreto Ley, que sólo se puede recurrir ante el Constitucional, elimina nuestra condición de autoridad sanitaria y por ende nuestra facultad para tomar las decisiones de urgencia que hasta el momento se ordenaban en base a criterios absolutamente técnicos en el mismo instante de detectar los riesgos para la Salud Pública de la Población. Quedan sin vigor desde su publicación la mayoría de Procedimientos de Trabajo de los Inspectores de Sanidad, generando inseguridad jurídica para los administrados y en nuestras actuaciones, sin la actualización de los mismos y convirtiendo en decisiones políticas lo que se debería hacer en base a criterios técnicos como son la suspensión provisional, prohibición de las actividades y clausura definitiva de centros y establecimientos las cuales podrán ser firmadas por cargos políticos a los que no se les exige formación sanitaria. Incluso eliminan el carácter de autoridades sanitarias a otros colectivos sanitarios estatutarios y que les otorgaba cobertura jurídica ante agresiones de usuarios", denuncia finalmente Barredo en representación de sus compañeros.
ACFI PRESS
